La liberación de Posada la decide la Casa Blanca

Después de difundirse la noticia de que el terrorista Luis Posada Carriles no saldría en libertad bajo fianza, sorpresivamente, este viernes la Corte Federal de El Paso (Texas) dio a conocer una noticia totalmente contraria La jueza Kathleen Cardone, de la Corte Federal de El Paso (Texas) emitió una orden de nueve páginas que permite la excarcelación de Posada bajo una fianza de 250 000 dólares.

Cubadebate contactó, vía telefónica, al abogado José Pertierra, representante del gobierno de Venezuela, quien ratificó que la orden de la jueza no implica la liberación inmediata de Posada, responsable de la muerte de 73 personas que viajaban en un avión civil cubano en 1976.

—El Tribunal de El Paso ha emitido una orden de libertad condicional para el terrorista. ¿Sobre quién cae la responsabilidad de esta decisión?

—Estados Unidos se ha negado a certificar a Posada como terrorista. La jueza Cardone ha tomado una decisión previsible para acordar libertad condicional, porque se ha atenido a la argumentación del caso, que no roza, ni remotamente, el prontuario criminal de Posada Carriles en Estados Unidos y fuera de este país. De modo que la decisión de concederle libertad bajo fianza a Posada es una responsabilidad absoluta de la Casa Blanca, cuya negligente actuación en este caso ha traído como consecuencia el fallo del Tribunal.

—¿Habría podido evitarse el litigio por la fianza?

—Sí. La fiscalía pudiera haber evitado que la jueza Cardone se pronunciara sobre la libertad condicional de Posada, si hubiera mantenido la orden de detención migratoria contra el terrorista.

«A tales efectos, el gobierno de los Estados Unidos debió certificar antes del 1ro. de febrero de 2007 a Posada como un terrorista o como una persona cuya liberación constituye un daño a las relaciones exteriores del país.

«Sin embargo, en vez de certificarlo como tal, el gobierno optó el 11 de enero de 2007 por trasladarlo de la custodia del Departamento de Seguridad a la de los alguaciles federales, y enjuiciarlo por haber cometido fraude migratorio. Esto es un cargo leve que la propia jueza Cardone opina conllevaría a poco tiempo de encarcelación».

—Pero se habla de que las penas podrían ser de hasta 40 años de detención...

—En realidad, los cargos son por mentir y eso no supondría una larga condena. La jueza dictaminó, por tanto, que debido a la levedad de los cargos y la avanzada edad de Posada, más la delicada salud del reo, se justificaba en su opinión la libertad condicional.

—¿Cuáles son las condiciones para la libertad condicional que ha dictado la jueza?

—Son ocho restricciones y cito el documento original de la Corte:
1. Que Posada pague una fianza de $250 000.
2. Que Posada dé una garantía de $100 000 firmada por su esposa, hijo e hija.
3. Que la esposa e hijos de Posada sean los custodios de Posada.
4. Que Posada esté bajo arresto domiciliario en su domicilio en Miami. Podría salir de su casa solamente para reuniones con su abogado o con el médico, siempre y cuando obtenga permiso previo del oficial encargado de su caso.
5. Que Posada permanezca con un brazalete electrónico para controlar su movimiento.
6. Que Posada permanezca en el condado de su domicilio, salvo cuando esté obligado a ir a Corte y con el permiso explícito de la Corte.
7. Que Posada no tenga contacto con ningún testigo del caso.
8. Que Posada se reporte al oficial encargado de su caso, de acuerdo con las direcciones de este.

—¿Cómo reaccionó el gobierno a la decisión de la Corte Federal?

—La fiscalía ha respondido pidiendo una prórroga de siete días antes de la implementación de esta decisión. En su petición a la Corte, dice que necesita hasta el 13 de abril para determinar si apela la decisión. Sin embargo, la jueza puede desestimar esta solicitud y liberarlo inmediatamente.

—¿EE.UU. tiene otras opciones para evitar que Posada salga a la calle?

—Sí. El Gobierno aún pudiera evitar que liberen a Posada, si le impone la orden de detención migratoria. Pero tendría que certificarlo como terrorista o como una persona cuya liberación es dañina a las relaciones exteriores de EE.UU.

«El Gobierno también pudiera imponerle una orden de detención con fines de extradición de acuerdo con la petición de Venezuela fechada el 10 de mayo de 2005. Si le impone una orden de detención con fines de inmigración o de extradición, Posada no puede ser liberado. Pero encendería un reloj legal para que el gobierno proceda ante los tribunales con el caso de extradición dentro de un plazo de 60 días.